-Andalucía frente al narcotráfico: un Estado ausente, un Gobierno resignado y unos criminales que avanzan sin resistencia-

Lo que ocurre hoy en el sur de España, es pecialmente en Andalucía, no es simplemente un problema de narcotráfico: es la evidencia de un Estado que ha decidido mirar hacia otro lado mientras organizaciones criminales ocupan el terreno que él abandona. Y lo peor es que esta dejación no es fruto de la incapacidad, sino de la falta absoluta de voluntad política para plantar cara a un enemigo que ya no teme a nadie.

Porque hay que decirlo sin eufemismos: el Gobierno de España ha renunciado a ejercer la autoridad que le corresponde. Mientras las mafias se mueven con medios millonarios, inteligencia propia, logística profesional y una estructura empresarial, nuestros agentes siguen trabajando con recursos insuficientes, sin el respaldo operativo adecuado y en inferioridad permanente. ¿Resultado? El narco avanza. El Estado retrocede.

Y no, no es un problema de que “no se pueda”. Es un problema de que no se quiere.

España tiene capacidad legal, operativa y presupuestaria para combatir el narcotráfico con contundencia. Podría reforzar plantillas, modernizar equipamiento, crear un mando único real y permanente, blindar el control marítimo y, si hiciera falta, recurrir al apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas. Todo eso es posible.

Pero nada de eso se hace.

Lo que tenemos es una política de parcheo, planes cortoplacistas y titulares vacíos. Mientras tanto, en la calle, los narcos continúan riéndose del Estado, arrollando vehículos policiales, invadiendo playas a plena luz del día y actuando con una impunidad que hace solo unos años hubiera sido impensable.

A este desastre se suma la decisión de desmantelar cuarteles de la Guardia Civil sin aumentar plantillas. Una reorganización así, sin más agentes, es un suicidio operativo. Menos cuarteles sin más personal significa menos presencia, menos control y más espacio para el crimen. El territorio se queda descubierto, y los alcaldes, por muy buenas intenciones que tengan, deben entender que mantener edificios vacíos no soluciona nada.

Lo que de verdad hace falta —y no se está haciendo— es:

más efectivos, porque las plantillas actuales son insuficientes;

más medios reales y no anuncios propagandísticos;

menos burocracia, para que los agentes vuelvan a la calle;

una estrategia nacional seria, no parches;

y una voluntad política que hoy no existe.

La realidad es dura, pero negar lo evidente no sirve de nada: el narcotráfico está creciendo porque el Estado se está retirando, y el Gobierno no está a la altura de la amenaza. No se puede combatir a organizaciones criminales que operan como multinacionales con un Estado que actúa como si estuviera gestionando un trámite administrativo.

En Andalucía, el narco no teme a las fuerzas de seguridad.

Teme a un Estado fuerte.

Y, hoy por hoy, ese Estado fuerte no está presente.

Hasta que no haya un Gobierno capaz de asumir que la seguridad nacional está en juego, que el sur de España no puede seguir siendo un territorio abandonado y que el crimen organizado no se combate con discursos, la situación seguirá empeorando. Y los únicos que pagarán el precio serán los ciudadanos y los agentes que arriesgan su vida sin los medios que merecen.

La solución existe.

Es viable.

Es urgente.

Solo falta lo que no se puede comprar: determinación, valentía y voluntad de actuar de una vez por todas.